La crisis económica actual ha afectado de forma muy especial a las Entidades Locales por la vinculación directa que tenían sus presupuestos con la actividad inmobiliaria. Paralelamente, las medidas presupuestarias y fiscales introducidas por la Administración Central del Estado para el control del déficit público han reducido drásticamente el margen de maniobra de las Entidades Locales hasta provocar en gran parte de ellas una paralización de la actividad inversora y la prestación de servicios a la ciudadanía, por ello estamos en la necesidad de revisar determinadas políticas fiscales que limitan la capacidad de intervención económica municipal.

          Es necesario en un contexto de racionalidad del gasto público que la ciudadanía sea consciente del coste fiscal que supone para los Ayuntamientos la asunción de determinadas políticas fiscales impuestas por la vía de beneficios fiscales y que éstos, en todo caso, sean objeto de compensación.  Por tanto,  se debe instar al Gobierno de las Nación para que en el futuro modelo de financiación local exista una clara delimitación de competencias de forma que el establecimiento de determinadas políticas fiscales sobre los impuestos estatales que afectan a la financiación local (IRPF, IVA e impuestos Especiales) no incida en la cuantificación de los recursos adscritos a las Entidades Locales, compensando en caso contrario su impacto financiero. Los beneficios fiscales regulados actualmente, así como el establecimiento de nuevos beneficios fiscales por la vía de exenciones o bonificaciones en los tributos locales, deberán ser cuantificados y compensados.