IU Sanse propondrá  a través de una moción en el próximo pleno del 20 de febrero, que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes reclame y exiga la retirada de esta modificación legislativa, proposición de Ley. Reafirmando y actualizando, la voluntad de nuestro municipio para construir un mundo y una sociedad mas justa, defendiendo un programa de alcance universal en la lucha por la Paz y la protección de los derechos humanos como base de una nueva convivencia y consenso para la humanidad.

     El Gobierno ha puesto en marcha una reforma legal exprés y de tapadillo cuyo objetivo inmediato es archivar cuanto antes la causa abierta en la Audiencia Nacional por el genocidio tibetano. Sin embargo, esta iniciativa, que recorta por vía de urgencia y de tapadillo el principio de justicia universal, tendrá un grave efecto colateral: dar carpetazo a una docena de investigaciones abiertas en la última década por jueces españoles de la Audiencia Nacional sobre casos tan diversos como la muerte del cámara José Couso, los vuelos de la CIA,. El asesinato de Carmelo Soria por la dictadura de Pinochet, el genocidio del pueblo saharaui, el asesinato de Ignacio Ellacuría en El Salvador o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Así lo temen letrados que intervienen en estos procedimientos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, para quienes esta reforma supondrá un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, la justicia y los derechos humanos.

    Para dar máxima celeridad a esta reforma, que recorta drásticamente el alcance de la llamada jurisdicción universal, se ha recurrido a un procedimiento singular: la presentación de una proposición de ley del Grupo Popular en el Congreso, el 20 de enero de 2014. Inicialmente, el Gobierno tenía previsto incluir esta modificación en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Ministro de Justicia, pero ello obligaría a pedir informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, por lo que el proceso se hubiera alargado meses. Recurriendo al PP, el Gobierno evitó que la reforma pasara por el Consejo de Ministros, se saltó la fase de los informes.

     La proposición del Grupo Parlamentario Popular señala que los jueces solo podrán investigar delitos de genocidio y lesa humanidad cuando “el procedimiento se dirija contra un español a un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”.  Además, la reforma deja claro que los delitos de la llamada jurisdicción universal solo serán “perseguibles en España previa interposición de querella por el agravio o por el fiscal”. Se excluye la Acción Popular, prevista en artículo 125 de la Constitución. Y para evitar que se aplique el principio de que las leyes penales favorables al reo tienen carácter retroactivo,  el PP ha incluido en su texto una insólita disposición transitoria en la que se ordena taxativamente: “las causas que en el momento de entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación […] quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”. Es decir, primero se archivan las investigaciones y luego se examina si deben reabrirse, en contra de toda lógica.

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