Después de la denuncia de los trabajadores de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, referente a la discriminatoria medida del Gobierno Regional sobre priorizar las ofertas de empleo a los parados con prestación frente a las que no la tienen, ahora nos salen con otra medida aún más segregadora: el programa de recualificación profesional de desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social [1]
Este plan consiste en que los desempleados que reciben prestaciones están obligados a trabajar para los Ayuntamientos que lo soliciten durante un máximo de ocho horas, si no quieren perder su prestación y a cambio, se les ofrece un complemento a esa prestación o subsidio de desempleo, de “formación” y de “orientación laboral”, según palabras de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño.
¿A que juega el Gobierno Regional? ¿Por qué esa persecución a los parados que están cobrando prestación, en vez de dedicar (en todo caso con estas medidas) todo su esfuerzo en sacar de las listas a los parados de larga duración y darles oportunidades de formación, ya que son los que más lo necesitan?
Con todo esto entendemos que la Comunidad de Madrid lo que pretende es compensar a los Ayuntamientos las obras y servicios que las entidades locales han dejado de prestar como consecuencia de los recortes, utilizando para ellos los fondos que debieran ser destinados a las políticas activas de empleo y todo el conjunto de los parados. Entendemos que con esta medida no se trata de utilizar una mano de obra casi esclava, o a bajo precio, si no de que se cree empleo de calidad.
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