En el Pleno de hoy 16 de enero Izquierda Unida San Sebastián de los reyes ha llevado una moción relativa a que a las entidades financieras que tienen pisos vacíos provenientes de desahucios sean sancionadas y como ya nos esperábamos , el equipo de Gobierno del Partido Popular ha votado en contra, manifestando una vez más su poca intención de actuar en contra de las entidades financieras .
La traducción social de la actual crisis que ha impactado de forma drástica en la vida de miles de personas, ha sido la de miles de desahucios en todo el Estado Español y centenares de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza, y exclusión social, económica y residencial.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta septiembre de 2013, en el Estado Español, ya se ha llegado a 5000.000 ejecuciones hipotecarias. Según el informe presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, solo durante el año 2012, la banca se ha quedado con más de 30.034 primeras residencias por impago de créditos hipotecarios. Esto supone 115 desahucios de vivienda habitual por día hábil.
La falta de recursos de las administraciones locales para hacer frente a la problemática, contrasta con los miles de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, actores principales y parte responsable en la burbuja inmobiliaria. Estos inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se mantienen vacíos, ya sea a la espera de que el precio del mercado vuelva subir, o bien porque se encuentran a la venta o alquiler a precios inaccesibles para la mayoría de la población. El resultado son miles de viviendas destinadas exclusivamente a una función especulativa, eludiendo la función social que según el artículo 33 de la constitución Española (CE) tiene que cumplir el derecho a la propiedad.
Gran parte de estas entidades financieras han sido, de una manera o de otra, rescatadas con dinero público. Algunas directamente gestionadas por el gobierno del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el traspaso de activos al conocido “banco malo”, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Paradójicamente la fuerte inversión pública no ha sido destinada a cubrir las necesidades de la ciudadanía y las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas a fondo perdido, no han implicado ninguna contrapartida social.
Es por todo ello que desde IU Sanse queremos que el equipo de Gobierno se comprometa a poner en marcha medidas municipales en base a la legalidad y competencias existentes con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional.
Que se elaboren y aprueben programas de inspección con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de permanente desocupación, empezando por los que son de entidades financieras y siguiendo por las grandes inmobiliarias.
Que de instruyan procedimientos administrativos donde se determine, se conozcan comprueben los hechos, una vez detectada la desocupación. Estos procedimientos tendrán que finalizar con una resolución que declare si se está produciendo una situación de desocupación permanente constitutiva de una utilización anómala de la vivienda, de acuerdo con lo que establece los artículos 47 y 33 del Constitución Española
Y que se impongan multas coercitivas, previa advertencia, de si transcurrido el plazo fijado no se ha producido la ocupación del inmueble con un carácter social.
En diciembre de 2013 presentamos alegaciones a las ordenanzas municipales en la que pedíamos que se gravaran las viviendas desocupadas con el 50% del IBI, pero tampoco fueron aprobadas
http://iusanse.org/presentacion-de-alegaciones-a-las-ordenanzas-fiscales-2014 [1]
Área de Comunicación
