La decisión del Gobierno, de no revalorizar las pensiones en España en la cuantía equivalente a la desviación entre el IPC a 30 de noviembre y la previsión de inflación abonada a principio de año, del 1%, vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit.
Para ello, ha aprobado un Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social, motivando la presentación de un Recurso de Inconstitucionalidad por parte de la mayoría de Grupos Parlamentarios, entre ellos Izquierda Unida. Igualmente, se modifica la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Consideramos que esta medida constituye un perjuicio claro para uno de los colectivos más vulnerables, el de los pensionistas. Es, además de inconstitucional, una medida injusta e ineficaz y se enmarca en la continuada política de ajustes que está intensificando los negativos efectos de la crisis, deprimiendo la demanda interna y afectando intensamente a la actividad económica y el empleo. Con ella, se retiran de manera inmediata 2.000 millones de potencial consumo, en el caso de la pensiones la práctica totalidad se destina a ese fin, y otro tanto solo a lo largo de 2013.
Se debe exigir que se mantenga el espíritu de consenso del Pacto de Toledo, pues las medidas del Gobierno perjudican a las personas más débiles y no se toma, ni una sola medida que afecte a los culpables de la crisis tan brutal que tenemos en estos momentos y que no son precisamente los trabajadores/as, ni los pensionistas y jubilados. Existe una gran preocupación cuando vemos el impacto que la crisis está haciendo en las personas mayores. El progresivo envejecimiento de la sociedad española plantea uno de los principales retos socioeconómicos y políticos del Estado de Bienestar, ya que dibuja un escenario de nuevas necesidades sociales a las que tenemos que dar respuesta para asegurar los derechos democráticos de la ciudadanía; esto implica fortalecer los diferentes pilares sobre los que se sostiene el derecho a un envejecimiento digno y de calidad: las pensiones, la sanidad, la atención a la diversidad funcional o las medidas de servicios sociales…. que este Gobierno está recortando.
El gobierno debe tener en cuenta que los más de 8.800.000 pensionistas y jubilados españoles, en la inmensa mayoría de los casos, tienen en sus pensiones la principal y/o única fuente de ingresos, que además sirve para el sustento de sus familiares en paro o en serias dificultades económicas, por lo que se hace necesario que recuperen el IPC perdido injustamente.
Por todo ello queremos que desde el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, se inste al Gobierno de la Nación a retirar el Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones y que se proceda al abono de las cantidades dejadas de percibir por aplicación de la citada Ley. Que el acuerdo se remitira al Presidente de Gobierno, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a las asociaciones de Pensionistas y Jubilados del municipio.
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